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¿Qué acaba de pasar en Colombia?
AP Photo/Ariana Cubillos
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Los colombianos han dicho “No” al acuerdo de paz entre el gobierno y el grupo rebelde de las FARC. Estas son las razones por las que ha fracasado.

El domingo por la noche, la mitad de los habitantes de Colombia se fue a dormir en estado de shock, después que los votantes rechazaran por poco margen un acuerdo de paz que muchos consideraban un hecho. Cuatro años de negociaciones en La Habana, Cuba, habían producido un acuerdo de 300 páginas entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), un grupo rebelde marxista. Las dos partes firmaron el acuerdo con gran espectáculo el 26 de septiembre en la ciudad colombiana de Cartagena, completado con desfiles aéreos de aviones militares, y jefes de estado y de gobierno actuando como testigos.

El acuerdo fue festejado internacionalmente como el final de un conflicto de medio siglo de duración – uno de los pocos puntos positivos en un mundo cada vez más marcado por la guerra. Sin embargo, en Colombia, la mayoría de la gente se mostró poco entusiasta con el acuerdo, en el mejor de los casos. El día en que se completaron las negociaciones, un líder de la sociedad civil del departamento de Antioquia dijo que había más celebración en Europa que en Colombia. Aún así, los números de las encuestas mostraban consistentemente que ganaría el voto del “sí”. Al final, perdió por un 0,42%, un poco menos de 54.000 votos.

¿Qué ha pasado entonces? Parece que la desconexión entre las potencias de Bogotá (y sus legiones de seguidores internacionales) y el pueblo era demasiado discordante. El gobierno nunca comunicó adecuadamente lo que significaría el acuerdo de paz en la práctica, prefiriendo confiar en tópicos como “el final de la guerra” y “una paz duradera”. Las autoridades no se tomaron en serio las preocupaciones existentes sobre las secciones del trato relativas a la justicia y la reforma política, prefiriendo dejar que el aplauso internacional eclipsara las protestas en el país.

Firmar el acuerdo y declarar que el conflicto se había terminado antes del plebiscito fue el mayor insulto. “Espera un momento”, parecían estar diciendo los votantes en las encuestas, “somos nosotros los que decidimos”.

Lo que los votantes decidieron fue que este acuerdo no era lo suficientemente bueno. El presidente Juan Manuel Santos no logró convencer a las decenas de millones de colombianos que han sido víctimas – de una manera u otra – de este conflicto, el cual, aunque tiene 52 años de duración, aún les afecta – y de hecho sigue en curso. A lo largo de las negociaciones, un promedio de 1.500 personas continuaron siendo desplazadas por la violencia cada mes, según el Consejo Noruego para Refugiados.

En un entorno tan frágil, el gobierno no ha podido proporcionar ni siquiera la información más básica para muchas comunidades. Sí, el acuerdo fue publicado en Internet, con vídeos y gráficos explicativos muy elaborados. Pero las élites que han entrado en el sitio web presidencial ya sabían lo que había en el acuerdo. Eran las comunidades de la costa, las fronteras, la región del Amazonas, y las áreas rurales más inaccesibles las que nunca tuvieron la oportunidad de examinar el acuerdo en detalle.

Aunque se les pidió a unas cuantas personas que hablaran con los negociadores sobre sus experiencias en el conflicto e ideas para la paz, no participaron en las discusiones, ni fueron representadas. La participación de las bases para la paz era a medias – a pesar de que la implementación de la operación requeriría que los líderes locales, los ciudadanos y las comunidades tuvieran un papel activo.

Luego estaban los muchos colombianos que sabían exactamente lo que había en el trato, y no les gustaba.

La campaña del “no” argumentaba su mensaje en la idea de que ellos también querían la paz – pero no de esa manera, con concesiones a un grupo rebelde que había atormentado a su país durante décadas. Las FARC han tenido un índice de desaprobación de en torno el 90% o superior desde el año 2000, según las encuestas de Gallup. La promesa del grupo de renunciar a las armas aumentó su favorabilidad a un mero 12%.

En ese descontento cada vez mayor entró el expresidente Álvaro Uribe, cuya ferviente repulsión por las FARC no ha hecho más que crecer desde que dejó el poder en 2010. Como el hombre que hizo volver a los rebeldes a sus campamentos en la selva, casi sacando a Colombia del borde del caos, la voz de Uribe tiene un peso público enorme. Él le dijo a los votantes que el acuerdo no era bueno, que les entregaría el país a los rebeldes y trataría a las víctimas con cruel indiferencia. Parte de lo que dijo Uribe sobre el texto del acuerdo era cierto; gran parte de ello era una flagrante exageración.

La campaña del “no” era un castigo para las FARC. Según el acuerdo, a los rebeldes de menor rango se les concedería la amnistía en gran medida. Los autores de crímenes de guerra podrían declarar ante una Comisión de la Verdad y recibir sentencias de “libertad restringida”, un concepto muy amplio que probablemente podría haber incluido castigos tan variados como arresto domiciliario y libertad condicional. Los que no confesaran podrían haber sido condenados hasta 20 años.

Pero lo que más irritó a muchos fue el hecho de que a miembros de las FARC se les permitiera presentarse como candidatos a cargos democráticos, incluso si estaban cumpliendo sentencias de libertad restringida. El acuerdo también garantizaba algunos escaños en el Congreso de Colombia durante la implementación del acuerdo de paz, un cambio extraño de la normativa para un país que descalifica a todos los demás candidatos, incluso con las más mínimas condenas penales.

De modo que ahora los votantes han hablado, y el país está dividido. Si el voto del “sí” hubiera ganado por un margen igual de estrecho, el acuerdo habría seguido adelante con enormes salvedades.

Esto puede que sea un acuerdo nacional, pero su éxito habría sido decidido en cada pequeña ciudad y pueblo donde los líderes locales podrían elegir entre actuar con o en contra de ella. Probablemente, el conflicto en sí no habría terminado; simplemente habría cambiado.

En cambio, los colombianos se encuentran con la necesidad de un Plan B que el gobierno nunca se preocupó en articular, asumiendo que la confianza en el plan propuesto aseguraría de alguna manera que nunca se diera un curso de los acontecimientos alternativo. Ambas partes han dicho por ahora que el alto el fuego se mantendrá y que volverán a La Habana para hablar. Pero, ¿y luego qué? ¿Están las FARC realmente preparadas para negociar con los partidarios de Uribe y viceversa?

En las trincheras del tráfico de drogas, el negocio de la minería ilegal, y las otras economías que han dominado las FARC, el escenario es aún más incierto. Las FARC habían estado construyendo alianzas con grupos más pequeños conocidos coloquialmente como Bacrim durante varios meses, para asegurar una participación en el tráfico, suponiendo que nominalmente tendría que renunciar a su participación.

Sin embargo, es injusto decir que este fue un plebiscito que ha perdido el gobierno. “En una época de conflictos armados en muchos lugares, la paz en Colombia envía un poderoso mensaje de esperanza para el mundo”, dijo Santos a la Asamblea General de la ONU a finales del mes pasado, al declarar que el acuerdo era “la mejor noticia” para Colombia, América Latina y el mundo.

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